La Asamblea de Extremadura ha acogido la presentación del informe del Consejo de la Juventud de Extremadura ‘Propuestas de la juventud para mejorar la política educativa en Extremadura’, a la que acudieron representantes estudiantiles, políticos y otros actores sociales.
Se compartieron las conclusiones extraídas a partir del proyecto ‘Reimagina el Aula’, que se ha venido desarrollado durante este año con la participación de estudiantes del sistema universitario y no universitario.
El diagnóstico resultante se articula en torno a ocho dimensiones clave que permiten una aproximación integral al estado actual del sistema educativo en la región. En primer lugar, hay una valoración general positiva sobre la calidad de la enseñanza recibida, aunque acompañada de una crítica constructiva que señala áreas de mejora legítimas y necesarias.
En segundo lugar, se evidencian carencias de infraestructura en los centros educativos, con especial énfasis en la climatización, los recursos tecnológicos y la conectividad. Estas deficiencias, aunque no siempre percibidas como graves, afectan de forma directa a la calidad del proceso de enseñanza.
La tercera dimensión aborda la disponibilidad del personal docente para el apoyo académico, destacando la importancia de una implicación que trascienda la mera transmisión de contenidos.
La participación estudiantil en la gobernanza de los centros constituye el cuarto eje del diagnóstico. A pesar de su reconocimiento constitucional se observa una implementación desigual, destacando la falta de canales efectivos, visibilidad y apoyo institucional, lo que limita el potencial transformador de la participación juvenil en la toma de decisiones educativas.
En quinto lugar, se analiza la atención a la diversidad, la inclusión y la salud mental en el entorno educativo, donde existen avances pero persisten importantes déficits en la representación del colectivo LGTBI, la gestión de la diversidad cultural y funcional, y la provisión de servicios de apoyo psicológico accesibles y eficaces.
El abandono escolar, tratado en el sexto bloque, se identifica como un desafío persistente, vinculado a factores estructurales como la pobreza, la falta de apoyo emocional, metodologías poco adaptadas y una orientación académica insuficiente.
La séptima dimensión incorpora el problema emergente del alojamiento estudiantil, especialmente en el contexto universitario, donde el acceso a una vivienda digna y asequible se ha convertido en una barrera significativa para la equidad educativa.
Finalmente, se aborda la perspectiva de egreso y la conexión entre el aprendizaje y la inserción profesional, señalando la escasa promoción de la investigación estudiantil y la limitada oferta de prácticas formativas.
Este conjunto de elementos configura un diagnóstico plural, crítico y fundamentado, que orienta las propuestas de incidencia política del Consejo de la Juventud de Extremadura hacia una mejora real y participada del sistema educativo regional.
En este sentido, las conclusiones se dividen entre propuestas transversales para todo el sistema educativo extremeño, propuestas específicas para el sistema educativo no universitario y otras específicas para el sistema educativo universitario.
Concretamente, se plantean ocho propuestas transversales, que se centran en la educación para la vida (en democracia), la atención a la salud mental, políticas de transporte accesible y sostenible, mejores políticas de equidad socioeconómica y reducción de la desigualdad, el incremento sostenido de la inversión pública en educación, políticas de empleo orientadas a la calidad laboral, innovación educativa basada en evidencias, y promoción de la educación no formal.
En cuanto al sistema educativo no universitario, las propuestas están orientadas a la actualización básica de la normativa con incidencia en la educación para la participación, los recursos de participación estudiantil, reformas en el sistema de aseguramiento de la calidad de la enseñanza preuniversitaria, y el fomento estratégico de la movilidad educativa.
Por último, la batería de propuestas para el sistema educativo universitario aborda la ampliación de la oferta educativa en áreas estratégicas, el incremento de la oferta residencial pública para estudiantes, el fortalecimiento del sistema de prácticas, la optimización de los sistemas de información y comunicación, el aumento de la capacidad de servicios al estudiantado en ámbitos prioritarios, y el rechazo a la implantación de universidades privadas.
El diagnóstico está dirigido específicamente a la administración autonómica, aunque también pueden hacerse eco de los resultados muchas otras autoridades (escolares en los centros, universitarias, autoridades locales, etc.) con competencias y capacidad de promover la participación ciudadana general, atendiendo a la especial condición del estudiantado.
