La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura las bases reguladoras de las ayudas para el fomento del empleo de personas con discapacidad en el mercado protegido de trabajo.
Estas bases reguladoras son el requisito previo a la publicación de la propia convocatoria, que se anunciará próximamente. Su dotación asciende a 22 millones de euros, lo que supone un incremento de seis millones con respecto a la convocatoria anterior.
El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha explicado que con la publicación de estas bases reguladoras se da respuesta a las demandas del tercer sector de la región, “que lleva esperando estas ayudas desde que el pasado mes de marzo se firmara el Plan de Empleo y Discapacidad 2023-2024 por parte del anterior Ejecutivo”.
“Teníamos claro desde el principio que la puesta en marcha de estas ayudas era una prioridad para el Gobierno de María Guardiola, por lo que significa para Extremadura la creación y el mantenimiento del empleo en personas con discapacidad y su aportación al PIB regional”, ha añadido. “No en vano, el empleo generado en estos centros especiales contribuye sustancialmente a la producción y estabilización de puestos de trabajo entre mujeres y jóvenes”, ha remarcado.
En esta convocatoria se incorporan dos nuevas líneas de ayudas: el Programa III, destinado a las Unidades de apoyo de los centros especiales de empleo, dotado con un millón de euros; y el Programa IV, para proyectos de inserción de personas con discapacidad en el mercado ordinario a través de los centros especiales de empleo, dotado con 100.000 euros.
A los Programas I y II de anteriores convocatorias, referidos a las ayudas a proyectos generadores de empleo y a las ayudas para el mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad, se destinarán 1.900.000 euros y 19 millones de euros, respectivamente.
Además, se incrementa la intensidad de las ayudas del Programa II, que en la anterior convocatoria era como máximo de un 50% del Salario Mínimo Interprofesional, pasando a una horquilla entre el 60% y el 75%, dependiendo del grado de discapacidad.
Estas ayudas podrán beneficiar a los 170 centros especiales de empleo registrados en la región, que proporcionan empleo a 3.000 personas con discapacidad, y se prevé que se firme un centenar de nuevos contratos laborales indefinidos. Asimismo, se estima la creación de 15 unidades de apoyo, y con arreglo al Programa IV podría llegarse a unas 30 inserciones laborales en el mercado ordinario.
