La Conferencia Sectorial de Igualdad ha aprobado la propuesta del Gobierno de España para la distribución de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para 2021, de los cuales 5.262.617,64 euros corresponden a Extremadura.

La dotación global incluye los 100 millones de euros destinados al desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como para los programas de asistencia social integral a víctimas de violencia de género, incluidos los menores; la propuesta común para la mejora de la coordinación y los planes personalizados; y para el apoyo a las víctimas de agresiones o abusos sexuales.

La ministra de Igualad, Irene Montero, ha presidido la Conferencia Sectorial de Igualdad, acompañada por la secretaria de Estado para la Igualdad de Género, Noelia Vera; la delegada del Gobierno Contra la Violencia de Género, Victoria Rosell; la directora del Instituto de las Mujeres, Toni Morillas; la directora General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial, Rita Bosaho; y la directora General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, Boti Rodrigo.

Irene Montero ha recordado que uno de los objetivos de la Conferencia Sectorial de Igualdad es conseguir la máxima cooperación y colaboración entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas en la prevención y erradicación de las distintas formas de violencia contra la mujer y en la atención a sus víctimas.

La intención del Ministerio de Igualdad es tener el Plan de Mejora y Modernización de las Actuaciones Contra la Violencia de Género listo durante este mes de julio. En ese sentido, ha destacado el papel fundamental de las regiones y las entidades locales para diagnosticar qué se debe cambiar o mejorar.

Como resultado de estas aportaciones el Ministerio elaborará, entre otras medidas, un Protocolo Marco de ámbito estatal, que recogerá una serie de recomendaciones para la actualización de las acciones de detección, prevención, sensibilización, protección y reparación.

En esta misma línea de trabajo se ha recordado la importancia de la financiación del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género. En ese sentido, los criterios de reparto de los fondos cuentan con una importante novedad que permite dar cumplimiento a una de las peticiones de los territorios, ampliando a qué programas y actuaciones se podrán destinar el 10% de los 100 millones de euros de transferencias a las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas.

Victoria Rosell ha explicado que al repartir los fondos se han tenido en cuenta distintas variables y ponderaciones como la insularidad, la ubicación como ciudad fronteriza, el número de mujeres de cada territorio, o cuestiones laborales como el número de mujeres con trabajo temporal o en situación de desempleo, mayores de 65 años, extranjeras y con discapacidad. También se han valorado cuestiones como la dispersión poblacional y la población rural.

La Conferencia Sectorial de Igualdad también ha aprobado los criterios de distribución y el reparto para el ejercicio 2021 del crédito de siete millones de euros para el desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género y la atención a los menores; el crédito de un millón de euros para implementar la propuesta común para la mejora de la coordinación y desarrollo de planes personalizados; y el crédito de cinco millones de euros para programas para el apoyo a víctimas de agresiones o abusos sexuales.

A estos fondos se suman 40 millones de euros para las entidades locales abonados el pasado mes de diciembre, lo que duplica el importe destinado en 2020. De esta forma se llega a los 8.131 municipios de toda España y no solo a aquellos adscritos al programa Viogen, sino también a todos los de Atenpro. Esto permite que todos los municipios, sobre todo los de menor población y por tanto menos recursos, puedan mejorar la atención que dan a las víctimas de violencia y facilitar la ejecución de las medidas incorporadas en el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género.

Finalmente, Noelia Vera ha anunciado la creación de un Grupo de Trabajo del Plan Corresponsables: “Un paso más en las políticas públicas destinadas a facilitar la conciliación en las familias”. Su misión será seguir y evaluar la ejecución del Plan Corresponsables. “Será el que nos transmita la evolución de esta nueva política semilla que permitirá la paulatina transformación del sistema de cuidados en España”, ha añadido.