Fundación ONCE ofrece ayudas para fomentar el empleo y mejorar la empleabilidad y la inserción socio laboral de las personas con discapacidad, en su calidad de organismo intermedio del Programa operativo del Fondo Social Europeo de inclusión social y economía social (Poises) para el periodo 2018-2022.
Desde la puesta en marcha de esta iniciativa de fomento del autoempleo en 1988 se han financiado proyectos de más de 1.800 emprendedores con discapacidad. El año pasado fueron 77 los emprendedores con discapacidad que pusieron en marcha sus iniciativas con el apoyo de Fundación ONCE. De ellos, ocho son de Extremadura, con proyectos entre los que figuran un servicio de eco-formación y un alojamiento de turismo rural.
En esta última edición los proyectos aprobados vuelven a presentar un alto grado de innovación. Entre las iniciativas presentadas, figuran, por ejemplo, una aplicación que facilita a las personas con movilidad reducida la localización de aparcamientos, la comercialización de un juego terapéutico, un proyecto de musicoterapia, una tienda online de cosmética rural, o un centro de realidad virtual de simulación de competición de rallyes, entre otros. Además, hay varias iniciativas relacionadas con el mundo rural, como un alojamiento de turismo, un servicio de abogacía, explotaciones ganaderas y un servicio de eco-formación.
En el periodo de ejecución 2018-2022 Fundación ONCE destinará 2,6 millones de euros para impulsar el emprendimiento de personas con discapacidad. En esta convocatoria se han incorporado criterios específicos para favorecer, por ejemplo, el emprendimiento de las mujeres con discapacidad.
Los emprendedores reciben una ayuda económica fija, con un mínimo de 3.000 euros que se puede incrementar, hasta un máximo de 18,000 euros, en función del perfil del emprendedor: hasta 2.000 euros más para los colectivos con discapacidad con especial dificultad, entre los que se encuentran personas con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual; 1.000 euros más para las mujeres, los parados de larga duración, los mayores de 45 años y los inmigrantes; y hasta 2.000 euros más para las víctimas de violencia de género, las familias monoparentales y aquellos hogares con todos los miembros en desempleo e hijos menores a cargo.
También se prima a las empresas que generen empleo para personas con discapacidad; a los proyectos que además fomenten el desarrollo de sectores en crecimiento, como la agricultura ecológica; a los que contribuyan al desarrollo rural; y a los relacionados con las tecnologías y la sociedad de la información, el turismo especializado, servicios de salud, medio ambiente y los dirigidos a investigación y desarrollo o a la innovación social.
