El ‘impuesto por discapacidad’ no es un impuesto entendido como tributo exigido por el Estado en función de la capacidad económica. Se refiere al hecho de que, cuando una persona con discapacidad realiza una compra, ha de pagar más para poder usarla.
Como se puede entender, las personas con baja visión no ven las pantallas de los teléfonos móviles con la suficiente claridad, por lo que están obligados a comprarlos con las pantallas de tamaños grandes y con más resolución; de esta forma, el contenido puede ser más grande de lo normal y lo pueden ver con más claridad. El caso es que, cuanto mayor sea el tamaño de la pantalla y la calidad sea más alta, mayor será el precio del teléfono.
Debemos añadir que, cuando las personas con baja visión desean usar y disfrutar de la tecnología, tienen que costearse una ayuda técnica, bien como aplicación, dispositivo o servicio. Un ejemplo de esto sería la compra de un ordenador que, además de comprar un pedestal para elevar la pantalla y ver mejor su información, al mismo tiempo han de adquirir un programa que magnifique el contenido de la pantalla y lea los documentos.
Es cierto que en la actualidad la tecnología ya viene con las ayudas técnicas integradas; sin embargo, estás herramientas de accesibilidad solamente se encuentran en los modelos de gama alta, como se puede apreciar con los televisores que disponen de lectores de pantalla. Las personas con baja visión, al no ver bien los menús de los modernos televisores, necesitan de una tecnología que se los lean, de esta forma podrán desplazarse por sus opciones y seleccionar de forma autónoma. Esta facilidad supone tener que comprar un modelo con más prestaciones y, debido a esto, el coste es más alto.
Es evidente entonces que las personas con un resto de visión útil, al realizar una compra de tecnología para poder acceder a la misma información que los demás ciudadanos, han de pagar más para poder usarla.
Esto tiene una consecuencia, y es que la adquisición y uso de tecnología está relacionada con el poder adquisitivo de los usuarios. En tal sentido, las personas con baja visión, aunque tengan una motivación positiva y cualificación suficiente para acceder a la información y comunicación, podrían tener una restricción a las tecnologías debido a su limitación económica a costa del ‘impuesto por discapacidad’.
