La Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura ha convocado las subvenciones correspondientes a 2024 para el desarrollo de programas de interés general destinados a fines sociales al amparo de la asignación tributaria del 0,7% del IRPF.
Así, el Diario Oficial de Extremadura ha publicado el Decreto 142/2024, que establece las bases reguladoras para estas subvenciones y la convocatoria para la anualidad de 2025, en un contexto donde se reconoce la importancia de atender las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad.
La gestión de estas subvenciones corresponde al Gobierno regional desde 2017, tras la transferencia de competencias acordada en el Consejo Territorial de Servicios Sociales. Esta decisión se fundamenta en la Sentencia del Tribunal Constitucional de enero de 2017, que declaró la competencia autonómica sobre la materia. Hasta entonces estas ayudas eran gestionadas por la Administración General del Estado.
El artículo 1 del decreto señala que las subvenciones están dirigidas a cubrir necesidades específicas en intervención social para personas que se enfrentan a la pobreza, exclusión social u otras situaciones de vulnerabilidad. Este enfoque busca promover la igualdad y el ejercicio de derechos por parte de estos colectivos.
El decreto introduce novedades en la regulación de las bases, tras evaluar la experiencia de las seis convocatorias anteriores realizadas bajo el Decreto 188/2018. Los cambios buscan un reparto más equitativo del crédito disponible entre diferentes entidades solicitantes, y son el resultado de un acuerdo alcanzado en junio de 2021, que amplía el ámbito de la asignación tributaria al 0,7% del Impuesto sobre Sociedades, además del IRPF.
Entre las características destacadas en las nuevas bases se incluye un límite a conceder del 90% de la cuantía solicitada por las entidades, contemplando una reducción en los porcentajes máximo de financiación de un 6% a un 5,5% para las entidades, y de un 2,7% a un 2,5% para cada programa respectivamente.
Podrán acceder a la condición de beneficiarias de las subvenciones las entidades del Tercer Sector de Acción Social y Cruz Roja Española; por el contrario, están excluidas las entidades de derecho público adscritas o vinculadas a la Administración, las universidades, los partidos políticos y las fundaciones de ellos dependientes, los colegios profesionales, las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación, las sociedades civiles, las organizaciones empresariales y los sindicatos.
El decreto establece un régimen de concurrencia competitiva, mediante el cual se llevarán a cabo convocatorias periódicas. Las entidades interesadas tendrán de plazo hasta el 12 de diciembre para presentar las solicitudes.
Para 2025, la Junta de Extremadura destina 9,7 millones de euros a estas subvenciones, un esfuerzo significativo que refleja el compromiso del Gobierno autonómico hacia el bienestar social. Esta dotación podrá ser incrementado en un 20% si las circunstancias lo permiten, garantizando así que las entidades puedan contar con recursos adecuados para llevar a cabo sus programas.
Los criterios de valoración para la concesión de ayudas se centran en la claridad del diagnóstico social presentado por las entidades solicitantes, la definición de objetivos, el contenido programático y la capacidad de ejecución. Se espera que esta nueva regulación contribuya a una mejor respuesta ante las necesidades sociales en Extremadura, enfocándose en la inclusión y el apoyo a las personas más vulnerables.
La colaboración con entidades del tercer sector se reconoce como un activo crucial para construir una sociedad más cohesionada y solidaria. Con esta iniciativa, la Junta de Extremadura refuerza su compromiso con la acción social, promoviendo un modelo de gestión que se alinea con las necesidades reales de su población.
