El Decreto 157/2024 establece las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de la seguridad y salud en el trabajo de las personas trabajadoras con discapacidad en las empresas de la región, con el objetivo de que cuenten con condiciones de seguridad y salud adecuadas, eliminando obstáculos y barreras que puedan dificultar su desempeño.
En concreto, las ayudas están destinadas a fomentar la adaptación de los puestos de trabajo ocupados por personas trabajadoras con discapacidad en las empresas extremeñas; por ejemplo, la modificación o adquisición de equipos de trabajo adaptados a las necesidades del empleado; la adquisición de herramientas y adaptadores mecánicos que faciliten su desempeño; la implantación de soluciones constructivas y reformas en edificios o instalaciones para garantizar la accesibilidad de los trabajadores; la dotación de equipos de protección específicos adaptados a la discapacidad del trabajador; o la impartición de formación específica dirigida al trabajador con discapacidad, enfocada en su seguridad y en la adaptación al entorno laboral. El equipo o la adaptación que se financie deberá mantenerse operativa durante al menos dos años desde su adquisición.
Se pretende que estas medidas no supongan una carga económica para las empresas, evitando que la adaptación de un puesto de trabajo pueda afectar su competitividad. Para ello se subvenciona el 50% del coste de la inversión, con un límite de 20.000 euros por beneficiario, entendiéndose como tal las personas físicas o jurídicas y las agrupaciones de personas físicas y jurídicas de la región que cuenten con trabajadores por cuenta ajena con contrato indefinido, y que realicen las inversiones destinadas a la adaptación de los puestos, el entorno del trabajo o dotación de equipos de protección específicos en relación a su discapacidad para evitar accidentes laborales.
Las ayudas se destinan a empresas que cuenten al menos con un trabajador contratado y un máximo de 50 en toda España, y además deben tener un sistema de prevención de riesgos laborales adecuado a la normativa vigente.
Para la concesión de las ayudas se evaluarán aspectos como el tamaño de la empresa, si está inscrita en el Registro de Empresas Socialmente Responsables de Extremadura y si cuenta con un Plan de igualdad; su historial de seguridad laboral; el número de accidentes laborales en los últimos dos años; el impacto previsto de la adaptación solicitada; y el grado de discapacidad del trabajador beneficiado y si su discapacidad es consecuencia de un accidente o enfermedad laboral.
Con estas ayudas, disponibles hasta el 12 de febrero de 2025 y que deben tramitarse a través de la sede electrónica de la Junta de Extremadura, se pretende reducir la siniestralidad, mejorando la prevención de riesgos laborales y las condiciones de trabajo de las personas con discapacidad que ya prestan servicios en las empresas.
