La Ley del Voluntariado introduce un nuevo marco normativo para una actividad en la que participan 20.000 personas en Extremadura agrupadas en torno a 140 organizaciones no gubernamentales.
El texto aprobado, en el que se venía trabajando desde la pasada legislatura, ha sido consensuado con las organizaciones no gubernamentales y con los grupos parlamentarios, y responde a la necesidad de establecer un nuevo marco para la actividad del voluntariado, cuya regulación data del año 1998.
Un largo proceso participativo, ejemplo de buena práctica, se inició en la propia Plataforma del Voluntariado, seno en el que se elaboró un documento con las necesidades reales del sector, que fue enviado al actual vicepresidente de la Junta de Extremadura y consejero de Sanidad y Políticas sociales, José María Vergeles; a continuación pasó por cuatro sesiones de trabajo en la Asamblea de Extremadura con los grupos políticos, la Plataforma del Voluntariado de Extremadura y la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura.
En su intervención en el pleno José María Vergeles ha destacado que el texto es fruto del trabajo iniciado en 2016 entre la sociedad civil y los grupos políticos. A todos ellos les ha mostrado su gratitud por haber logrado una norma muy avanzada e innovadora.
Sucesivamente han intervenido el resto de los grupos parlamentarios: la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel; la diputada del Partido Popular Consuelo Rodríguez Píriz; la diputada de Ciudadanos Encarnación Martín Andrada; y el diputado del PSOE Vicente Valle Barbero. Todos han coincidido en poner en valor la labor de los voluntarios y en la necesidad de dotar de fondos a las asociaciones en las que se organizan.
Con respecto a la anterior ley del voluntariado se introduce el principio de accesibilidad de la actividad voluntaria, para que pueda ser ejercida mediante su adaptabilidad por personas con discapacidad, mayores o personas en situación de dependencia. Además, considera que también son actividades de voluntariado las que se realicen a través de las tecnologías de la información y comunicación y que no requieran la presencia física de los voluntarios en sus organizaciones.
Especifica que es posible la realización de voluntariado a partir de 12 años, siempre que se cumpla una serie de requisitos. También se amplía la relación de ámbitos de actuación, a través de nuevas áreas: igualdad de género; participación y relaciones ciudadanas; promoción y empoderamiento de colectivos vulnerables; desarrollo económico; socorros, emergencias y Protección civil; y promoción del voluntariado.
Igualmente establece la obligación por parte de las entidades de voluntariado de disponer de un catálogo básico de puestos de voluntariado, y un desglose de los contenidos mínimos que deben incluir los programas de voluntariado, así como la regulación del proceso de formación que deben realizar las entidades con su personal voluntario.
Incide en la promoción del voluntariado desde las empresas y la Universidad, y recoge la obligación para la Administración de ofrecer un programa formativo básico a las organizaciones y los voluntarios, así como el desarrollo de una formación permanente a través de la Escuela de Administración Pública.
También destaca el mayor reconocimiento de los servicios de la actividad voluntaria, a través de la compensación de créditos por parte de la Universidad de Extremadura, y la creación del Observatorio extremeño del voluntariado, que ya ha sido puesto en marcha por parte de la Plataforma del Voluntariado con el apoyo de la Dirección General de Políticas Sociales de la Junta de Extremadura.
