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No sé si a ustedes les ocurre, pero a mí me pasa cuando leo ciertas estadísticas, que le pongo cara y cuerpo a los datos. Que los visto para entenderlos. Y muchas veces, créanme, la imagen es muy perturbadora. Porque no puedo ni quiero dejar de pensar que detrás de esas tablas, esos números y esas definiciones de conceptos hay historias reales de personas reales. Historias duras que hablan de marginación, pobreza y discapacidad.

Cuando a todos esos factores le añadimos el condicionante de la infancia los resultados son estremecedores. Las conclusiones de estudios recientes indican, según el Observatorio Estatal de la Discapacidad, que España es uno de los países de Europa con mayor riesgo de pobreza infantil. Solo Rumanía y Bulgaria tienen peores datos.

Casi un tercio de los niños de nuestro país están en situación de pobreza infantil, frente al 25% del resto de los países de la Unión Europea; una situación grave que desgraciadamente en muchos casos es hereditaria.

La preocupación por la persistencia de esta situación ha llevado a la Unión Europea a plantearla como prioridad del Plan de acción del Pilar europeo de derechos sociales, lo que ha llevado al desarrollo de una estrategia contra la pobreza infantil que el Gobierno debe presentar a la Unión Europea en marzo.

La ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, asistió en octubre al acto en el cual Unicef presentó el análisis coordinado con otras entidades que servirá de base para implementar en España la Garantía Social Infantil, el programa de lucha contra la pobreza de los menores, que se negocia en la conferencia sectorial de infancia entre todas las administraciones implicadas.

El alto comisionado contra la pobreza infantil, Ernesto Gasco, calificó la situación como “una realidad indecente”. El plan tendrá un presupuesto superior a los 700 millones de euros y estará en vigor al menos hasta 2030, con la pretensión de reducir a la mitad el número de afectados.

Según datos de la base estatal de valoración de discapacidades, el 5% del total de personas con discapacidad reconocida en España tiene menos de 17 años, siendo entre ellos un 66% niños y un 34% niñas, con una prevalencia de las demencias y trastornos mentales como causa de discapacidad; le siguen la discapacidad intelectual y del desarrollo y las deficiencias neuromusculares.

En esta tabla Extremadura ocupa el puesto 17, con un 1,22% del total de población con discapacidad entre 7 y 17 años. Los datos más altos se localizan en Ceuta y Melilla.

De todas las personas con discapacidad reconocida en España (3.257.058) el 9’6% vive en situación de pobreza severa. En el caso de los niños con discapacidad esto supone el 1’1% más que en ese grupo de población sin discapacidad.

La Red EAPN de lucha contra la pobreza y exclusión social señala también que desde 2017 hasta la actualidad la tasa de pobreza severa ha pasado a ser claramente más elevada entre las personas con discapacidad. Este colectivo soporta un riesgo de exclusión y pobreza significativamente mayor que la población restante.

En sí misma la discapacidad, y más aún la relacionada con problemas de salud mental, es un factor reconocido de generación de pobreza y exclusión social. Un 4% de los niños con discapacidad viven en hogares con una renta por debajo del 60% de la renta media, y un 2’2% se sitúan ligeramente por encima, sin llegar en muchos casos a igualar la mediana de ingresos. A estos factores habría que sumar los problemas de las viviendas, la falta de ayudas para la conciliación de la vida familiar y los problemas en el ámbito educativo, además de la desigual densidad de población en el territorio español, que acarrea muchas veces una carencia de los servicios y las infraestructuras necesarias para el adecuado desarrollo de los niños con discapacidad.

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