Hay desigualdades visibles y otras que pasan desapercibidas. Una de ellas afecta a las personas con baja visión y al acceso a las ayudas visuales.

Lupas electrónicas, amplificadores de vídeo, filtros especiales o cualquier tipo de ayuda óptica siguen siendo un gasto asumido por quien las necesita. Sin embargo, productos de apoyo como sillas de ruedas, prótesis o audífonos cuentan con financiación pública dentro del sistema de salud por su valor sanitario y social.

La diferencia no está en la necesidad, sino en el reconocimiento institucional.

Las personas con baja visión también necesitan herramientas para leer, estudiar, trabajar, acceder a la información o desplazarse con seguridad. Sin ellas, muchas actividades dejan de depender de la capacidad de la persona y pasan a depender de sus recursos económicos.

Y surge una pregunta inevitable: ¿por qué unas discapacidades reciben apoyo y otras quedan fuera?

Las ayudas visuales no son un lujo ni elementos de confort. Son recursos que favorecen la autonomía, la participación y la igualdad de oportunidades.

Hablar de inclusión no consiste solo en eliminar barreras físicas. También implica garantizar el acceso a las herramientas necesarias para participar en igualdad de condiciones.

Por eso resulta necesario abrir el debate sobre la incorporación de estos productos a la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. No se trata de privilegios, sino de equidad.

Porque la inclusión no debería depender del tipo de discapacidad. Y la pregunta sigue sobre la mesa: ¿Puede llamarse inclusivo un sistema que financia unas ayudas esenciales y deja otras fuera?