Con motivo de la conmemoración del Día de la discapacidad el Comité de entidades representantes de personas con discapacidad de Extremadura, Cermi Extremadura, ha exigido a los partidos políticos su apoyo sin fisuras a la renovación del artículo 49 de la Constitución Española.
En este sentido, la entidad representativa de las asociaciones de personas con discapacidad en la región considera que “ni la terminología empleada ni el contenido están alineados con la visión plena de derechos humanos, que es el único abordaje admisible en relación con la discapacidad”.
Esta es la principal reivindicación de un manifiesto publicado con motivo de esta conmemoración, y al que ha dado lectura el consejero de Sanidad y Servicios Social de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, en un acto celebrado en Mérida.
En el acto han participado representantes de todas las entidades que forman parte de Cermi Extremadura; los parlamentarios autonómicos del PP Inmaculada Sánchez y Gema Cortes, de Ciudadanos Encarnación Martín, y del PSOE Vicente Valle, Catalina Paredes y María Cruz Buendía; el director gerente del Sepad, Vicente Granados; la directora general de Servicios Sociales, Carmen Núñez; la directora general de Accesibilidad y Centros, María Ángeles López; y el expresidente de Cermi Extremadura Miguel Ortega.
El presidente de Cermi Extremadura, Jesús Gumiel, ha recordado que la Constitución incorporó expresamente a las personas con discapacidad en el artículo 49, lo que supuso un gran avance en cuanto a la visibilidad que otorgaba al movimiento de la discapacidad y a la promoción y protección constitucional de sus derechos.
Sin embargo, ha lamentado, tras 40 años la Carta Magna no ha actualizado su mirada sobre las personas con discapacidad, algo fundamental porque, de hacerlo, “se mejora a sí misma y ahonda y extiende sus principios, valores y mandatos”.
El manifiesto también recalca que “las personas con discapacidad, como parte valiosa de la familia humana y de las comunidades sociales y políticas en que esta se organiza, han de tener reflejo en las constituciones desde un enfoque exigente de derechos humanos, que garantice su inclusión, participación y bienestar sin discriminaciones ni relegaciones de ningún tipo”.
La reforma propuesta, que ha sido ampliamente debatida, destierra expresiones hirientes e insostenibles para referirse a las personas con discapacidad, como el término ‘disminuidos’. Así, se pide dotar de un nuevo contenido al artículo “con arreglo a los conceptos, valores y propósitos que hoy configuran un entendimiento y práctica apropiados de los derechos y deberes de las personas con discapacidad, mencionando expresamente a las mujeres y niñas con discapacidad”.
El proyecto de reforma llegó a las Cortes Generales en primavera, y espera ser debatido y tramitado en los próximos meses, si reúne las mayorías suficientes. De ahí que se reclame a todos los partidos políticos y, en especial, a aquellos que han mostrado reticencias, a que se sumen a la primera reforma del texto constitucional que proponen las personas con discapacidad y sus familias.
