Entendemos la baja visión como discapacidad, pero no como la no capacidad debido a nuestra visión, sino que nosotros somos diversos al igual que el resto de población y que la discapacidad es debida a que la sociedad no está adaptada a personas con visión reducida y es lo que nos discapacita.

La baja visión es la privación o disminución parcial de la visión, derivada de muchas patologías oculares irreversibles o degenerativas, que no puede corregirse con tratamientos quirúrgicos, prescripciones farmacológicas o sistemas de compensación ópticos convencionales, y compromete la autonomía, la independencia y la calidad de vida de las personas afectadas, con un impacto psicológico, familiar, laboral y social, generando dependencia y exclusión social. Por todo ello el Estado Español reconoce a este sector de población como personas con discapacidad.

En España, de cada cuatro personas con discapacidad, una es baja visión. De un total de 4,38 millones de personas con discapacidad, 1,041 millones son personas con resto de visión. No hay que olvidar que en la actualidad el número de personas afectadas por un déficit visual está aumentando debido al incremento de la esperanza de vida y de los avances en la medicina y tecnología que previenen o mitigan la ceguera. Los datos de afiliación a la Organización Nacional de Ciegos (ONCE) muestran que el número de personas con déficit visual grave, o sea baja visión, ya ha aumentado.

El modelo social de la discapacidad plantea el desafío de incluir a todas las personas: igualdad ante los derechos, equiparación de oportunidades para ejercerlos y gozarlos. Sin embargo, aunque la sociedad ha avanzado en materia de inclusión de las personas con discapacidad, la desigualdad hacia las personas con baja visión sigue persistiendo, incluso de una forma más sutil.

Pese a que los movimientos asociativos de personas con discapacidad han desempeñado un papel fundamental en impulsar cambios, esforzándose por empoderar y preparar a las personas con discapacidad para la lucha por la igualdad, no ocurre así con las personas con baja visión. Aunque la referencia para la asistencia y tratamiento de las diferentes formas de discapacidad visual para conseguir mejorar su calidad de vida es la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE), aún el 93,2% de las personas con discapacidad visual, un millón de personas con baja visión, no pueden acceder a los servicios y beneficios que ofrece la organización por estar fuera de los límites de afiliación.

El impacto de los déficits visuales que no se pueden corregir, se relaciona con una peor calidad de vida. Se manifiesta en diversas actividades esenciales para el desarrollo de una vida independiente, tales como conducir, viajar, leer, realizar actividad física, cruzar la calle, identificar caras y trabajar, entre otras. Esto cobra especial relevancia teniendo en cuenta que la limitación sobre este tipo de actividades, impactan de forma importante sobre la inclusión social y las relaciones interpersonales de las personas con baja visión, que deben garantizarse en un modelo de sociedad del bienestar.

Resulta llamativo el escaso compromiso del Estado español con las personas con baja visión que disponen del certificado de grado de discapacidad a pesar del compromiso adquirido al firmar y ratificar la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y dar cumplimiento a sus dictámenes.