El Gobierno de España se ha comprometido con las comunidades autónomas a aportar hasta 3.600 millones de euros para la dependencia durante esta legislatura, al tiempo que va a impulsar un cambio en el modelo para los cuidados de larga duración que contempla reducir sustancialmente la lista de espera; asegurar que las condiciones laborales y profesionales de las personas que trabajan en la atención a la dependencia son adecuadas; e introducir mejoras en los servicios y prestaciones para garantizar la atención adecuada de las personas dependientes.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2021 contemplan ya un incremento de 600 millones de euros, a los que hay que sumar las previsión del Gobierno de incluir 1.200 millones de euros en 2022 y 1.800 millones en 2023.
En la última reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y para la Autonomía y la Atención a la dependencia el Gobierno notificó que ha incrementado en un 17% de media el nivel mínimo, que es la cantidad que el Estado aporta por cada persona dependiente que recibe alguna prestación o servicio.
El Gobierno procedió también a la recuperación del nivel acordado, que había sido eliminado en anteriores legislaturas, con un montante de 283 millones de euros, que serán trasferidos a las comunidades autónomas de acuerdo con unos parámetros establecidos en este Consejo Territorial en base a la población potencialmente dependiente, la atención efectiva a la población dependiente, el coste real de la prestación de los servicios y el cumplimiento de plazos de tramitación y reducción en la lista de espera.
En el caso de Extremadura el incremento de financiación para 2021 se sitúa en un 47%. Así, se recibirán 53,8 millones de euros por el nivel mínimo, que es lo que aporta la Administración General del Estado por cada persona dependiente; y otros 8,7 millones por el nivel acordado, que son los fondos suplementarios que se habían eliminado de la financiación de la dependencia en pasadas legislaturas.
El Gobierno se ha comprometido a efectuar incrementos similares en 2022 y 2023 por lo que Extremadura podría recibir a lo largo de esta legislatura alrededor de 100 millones de euros más para los servicios de atención a la dependencia.
En esta reunión del Consejo Territorial los responsables del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 también dieron a conocer que se realizará una evaluación del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) para decidir los cambios que a medio plazo necesite el sistema.
Por otro lado se acordó que durante este mes se pondrá en marcha un plan específico para la reducción de las listas de espera, que incluirá los objetivos concretos de cada comunidad autónoma y las medidas que adoptarán para lograrlo. Este plan incluirá una serie de medidas de simplificación en la tramitación administrativa entre las que se contemplan aspectos como la no caducidad de los procedimientos por la inactividad involuntaria del solicitante; que en la propia resolución de grado se establezca el Programa Individual de Atención; modificar la Ley de Dependencia para que la prioridad en el acceso a las prestaciones y servicios venga determinada por el criterio de mayor necesidad; o valorar la posibilidad de establecer un procedimiento urgente de acceso a las prestaciones para personas dependientes de elevada vulnerabilidad.
En el primer semestre de este año el Consejo Territorial acordará las modificaciones del Acuerdo de acreditación de centros y servicios del SAAD de 2008 que sean necesarias para reforzar la calidad de los servicios, especialmente los de carácter residencial; las condiciones laborales de sus trabajadores; medidas para paliar la insuficiencia en el número de profesionales, junto a la estimación de las previsiones de los profesionales necesarios en los próximos años; la posible revisión de los precios de los conciertos; y la adopción de medidas para el cumplimiento de estos estándares, incluyendo un refuerzo de las inspecciones.
Otro de los compromisos del Ministerio ha sido que al final de 2022 todas las personas dependientes con grado reconocido que vivan en su domicilio tendrán acceso al servicio de teleasistencia, que pasará a considerarse un derecho subjetivo ligado a la condición de dependencia. Antes de finalizar el segundo semestre de este año el Consejo Territorial acordará los cambios en las condiciones que debe cumplir este servicio, se abordará la definición de la “teleasistencia avanzada” y se analizará el papel que debe desempeñar en el sistema.
