El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución de 8,7 millones de euros a Extremadura correspondientes al nivel acordado de la financiación para la dependencia, tal y como se aprobó en la última reunión del Consejo Territorial del Servicios Sociales y para la Autonomía y la Atención a la Dependencia.
El montante global a transferir para todas las comunidades alcanza los 283 millones de euros, correspondientes al nivel acordado y para cuya distribución se han aplicado los parámetros establecidos en este Consejo Territorial.
Esta decisión pone en marcha la reforma del sistema de financiación de la atención a la dependencia, y va a suponer un aporte por parte del Gobierno central de 3.600 millones de euros en esta legislatura; al mismo tiempo se va a impulsar un cambio en el modelo para los cuidados de larga duración, que contempla reducir sustancialmente la lista de espera; asegurar que las condiciones laborales y profesionales de las personas que trabajan en la atención a la dependencia son adecuadas; e introducir mejoras en los servicios y prestaciones para garantizar la atención adecuada de las personas dependientes.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2021 contemplan un incremento de 600 millones de euros, a los que hay que sumar las previsión del Gobierno de incluir 1.200 millones de euros en 2022, y 1.800 millones en 2023. El Gobierno también ha incrementado en un 17% de media el nivel mínimo, que es la cantidad que aporta por cada persona dependiente que recibe efectivamente alguna prestación o servicio.
Para la distribución de estos fondos se han fijado unos criterios que contemplan la población potencialmente dependiente, la atención efectiva a la población dependiente, el coste real de la prestación de los servicios y el cumplimiento de plazos de tramitación y reducción en la lista de espera.
En el caso de Extremadura recibirá este año 62,6 millones de euros tanto por el nivel mínimo, que es lo que aporta la Administración General del Estado por cada persona dependiente, y por el nivel acordado, que son fondos suplementarios que se habían eliminado de la financiación de la dependencia; en concreto, recibirá 53,8 millones por el nivel mínimo y 8,7 millones del nivel acordado. A estas cantidades hay que añadir los fondos incluidos en el nivel adicional de financiación que cubre las mejoras que las comunidades autónomas introducen sobre el nivel mínimo y el nivel acordado.
La Delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha valorado muy positivamente esta decisión del Consejo de Ministros: “el Gobierno de España hace una apuesta decidida por el incremento de la financiación a la atención a la dependencia, cambiando la reducción implementada por los gobiernos anteriores. Es el camino a un nuevo modelo de cuidados de larga duración; una medida muy importante para Extremadura por la repercusión que va a tener tanto para las personas dependientes como para sus cuidadoras y los servicios de atención. Siempre vamos a estar pendiente de los más vulnerables”.
Evaluación completa del Sistema de la Dependencia
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 financiará a través del Plan de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia una evaluación completa del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, que debe servir de marco para la toma de decisiones relacionadas con los cambios a medio plazo que necesite el sistema.
También se acometerá un plan específico para la reducción de las listas de espera que incluirá los objetivos concretos de cada comunidad autónoma y las medidas que adoptarán para lograrlo. Este plan incluirá, de acuerdo con las regiones, una serie de medidas de simplificación en la tramitación administrativa entre las que se contemplan aspectos como la no caducidad de los procedimientos por la inactividad involuntaria del solicitante; que en la propia resolución de grado se establezca el Programa Individual de Atención; Modificar la Ley de Dependencia para que la prioridad en el acceso a las prestaciones y servicios venga determinada por el criterio de mayor necesidad; o valorar la posibilidad de establecer un procedimiento urgente de acceso a las prestaciones para personas dependientes de elevada vulnerabilidad.
Mejoras en la acreditación de centros y servicios
En el primer semestre de este año también está previsto que el Consejo Territorial apruebe modificaciones del Acuerdo de acreditación de centros y servicios del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia de 2008 para reforzar la calidad de los servicios, especialmente los de carácter residencial; las condiciones laborales de las personas que trabajan en ellos; las medidas para paliar la insuficiencia en el número de profesionales del que adolece el sector, junto a la estimación de las previsiones de los profesionales necesarios en los próximos años; la posible revisión de los precios de los conciertos; y la adopción de las medidas necesarias para el cumplimiento de estos estándares, incluyendo un refuerzo de las inspecciones.
Estas modificaciones llevarán también una evaluación del impacto de las medidas que se acuerden sobre el coste de los servicios, para que se asegure su correcta financiación.
Nuevo derecho a la teleasistencia
Otro de los compromisos del Ministerio de Políticas Sociales y Agenda 2030 es que, al final de 2022, todas las personas dependientes con grado reconocido que vivan en su domicilio tendrán acceso al servicio de teleasistencia, que pasará a considerarse un derecho subjetivo ligado a la condición de dependencia. Antes de finalizar el segundo semestre de este año el Consejo Territorial acordará los cambios que haya que introducir en las condiciones que debe cumplir este servicio, se abordará la definición de la teleasistencia avanzada y se analizará el papel que debe desempeñar en el sistema.
