El 3 de septiembre ha entrado en vigor la reforma de la legislación civil y procesal en apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica; una fecha histórica, en palabras del presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez.
La modificación afecta a ocho leyes estatales y beneficiará a 4,5 millones de personas con discapacidad, además de ser aplicable en casos de discapacidad sobrevenida, algo de lo que toda la población puede ser susceptible.
La entrada en vigor de esta reforma, tras muchos años de demanda, da cumplimiento al artículo 12 de la Convención de la ONU sobre Derechos de las personas con discapacidad.
La reforma supone que las personas con discapacidad ya no podrán ser sustituidas en la toma de decisiones, sino que tendrán los apoyos que necesiten para ello, primando así su autonomía y deseos: “El entorno social y jurídico ha de prestarles asistencia y acompañamiento”.
Se sustituye la incapacitación por una ayuda técnica en materia de comunicación para adaptar la declaración de voluntad de estas personas a su situación y características individuales, por lo que la representación o sustitución en la toma de decisiones solo se mantiene “únicamente cuando el apoyo no pueda darse de otro modo”.
La nueva norma, promovida por Aequitas y el Cermi, supone la eliminación del ámbito de la discapacidad de la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada.
Además, al abordar la institución de la curatela, obliga a modificar la Ley Hipotecaria y del Registro Civil, y se reforma la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el ejercicio de las acciones de determinación o impugnación de la filiación, en los procedimientos de separación o divorcio y en el procedimiento para la división de la herencia. Por ejemplo, las personas con discapacidad ya no deberán ir al juzgado para ir al banco, comprar una vivienda o hacer testamento. Ahora deberán acudir al notario donde, con la ayuda de apoyo voluntario, como la familia o personas allegadas, recibirán la información necesaria para tomar sus propias decisiones, que quedarán acreditadas por el profesional de la notaría.
El presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez, ha afirmado que la ley “es de una trascendencia enorme, una ley que afecta a todos, y tremendamente humana”. “Se trata de apoyar a las personas en todo lo posible, entendiendo que son adultos en una esfera de libertad”, ha añadido.
La puesta en marcha de este nuevo modelo, según Luis Cayo Pérez, “llevará un tiempo, es entrar en un nuevo modelo, disruptivo y progresivo, y por eso pedimos toma de conciencia a los operadores jurídicos y la Administración”.
Así, el Cermi pide a las administraciones competentes los recursos necesarios para hacer operativa la reforma, y demanda a los grupos de interés jurídico que asuman el cambio de paradigma que supone y que se formen en el nuevo enfoque de apoyos a la capacidad legal de las personas con discapacidad.
También la Asociación Española de Fundaciones Tutelares y Plena inclusión celebran la entrada en vigor de esta reforma, aunque demandan a las administraciones financiación y compromiso, con el fin de garantizar los apoyos que necesitan los afectados para tomar sus propias decisiones.
Asimismo, las personas con discapacidad intelectual ya han expresado su satisfacción por esta reforma. Es el caso de Santiago, que de sus 48 años ha pasado la mayoría incapacitado judicialmente. El día de la aprobación de la norma lo celebró, pero avisa: “que no nos tomen por tontos y esto no quede en papel mojado”. La norma les ayuda a recuperar lo que jamás deberían haber perdido. Él solo reclama los apoyos necesarios para ser igual que los demás.
