La Diputación de Badajoz y el Arzobispado de Mérida-Badajoz han firmado un convenio para la cofinanciación de obras de conservación y reparación en templos y edificios parroquiales de la provincia de Badajoz, como continuación del que se firmó entre ambas partes en 2018.
Cada entidad aporta 200.000 euros con una vigencia anual, con lo que la inversión total ascenderá a 400.000 euros. El convenio tendrá la vigencia de un año desde su firma, y el Arzobispado se compromete a ejecutar las obras antes del 30 de junio de 2022.
El convenio ha sido firmado por el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, y el arzobispo de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, Celso Morga, conscientes de la necesidad de conservar los edificios religiosos de la provincia, en cuanto constituyen una parte importante de su patrimonio histórico y cultural, a la vez que realizan una encomiable función social.
Habida cuenta del estado de deterioro y necesidades constructivas de dichos edificios, las dos instituciones aunarán esfuerzos para financiar las obras de reparación y mantenimiento del mayor número posible de edificios parroquiales, de forma coordinada y con criterios preferenciales en función de la gravedad, urgencia y necesidad que en cada caso se plantee.
La Diputación de Badajoz comparte la necesidad de restauración y conservación del patrimonio eclesiástico de la provincia, ya que forma parte de las tradiciones y de la riqueza patrimonial y constituye otro de los importantes atractivos turísticos del ámbito rural”. Además, en la mayoría de los casos se trata de edificios o elementos con gran valor sentimental para los vecinos.
El convenio ampara también a los bienes muebles situados en municipios menores de 20.000 habitantes o entidades locales menores y que corresponden a la diócesis Mérida-Badajoz, siempre que no estén declarados de interés cultural o tengan expediente de declaración incoado a tal fin.
El estudio y la selección de las obras a financiar se realizará por una comisión mixta, integrada por dos representantes de cada una de las instituciones firmantes. Las actuaciones de conservación y reparación se seleccionarán teniendo en cuenta, entre otros criterios, la gravedad de los daños, el estado de conservación, la urgencia y necesidad de actuación, o la función de los centros.
