La Plataforma de Mayores y Pensionistas, el movimiento más representativo a nivel estatal (con 15.079 asociaciones y más de 5.746.000 afiliados) para la defensa de los derechos de las personas mayores y pensionistas ante los poderes públicos, privados y el conjunto de la sociedad, reivindica que las políticas de promoción de empleo de calidad redundan en un mayor flujo de ingresos para el Estado, de manera que este puede afrontar con más facilidad el reto de la sostenibilidad y la mejora del sistema de pensiones.
Para la Plataforma, además de más empleo y de empleo de calidad (bien retribuido, no precario), que incremente el porcentaje de empleados en nuestro país, otro instrumento para este fin que reclama es la distribución más equitativa del porcentaje de ingresos del PIB, ya que España cuenta con una diferencia de siete puntos en relación con la media europea.
Así lo ha manifestado el presidente de la Plataforma, Ángel Rodríguez Castedo, en el marco del XII Congreso Notarial Español, que, bajo el lema ‘El envejecimiento de la sociedad: principal desafío del siglo’, se celebra en Málaga y en el que más de 70 expertos del ámbito sanitario, político, económico, universitario, sociológico y jurídico debaten sobre el envejecimiento de la población y los retos, tanto regulatorios como jurídicos y sociales, que presenta.
Su participación ha tenido lugar en la mesa redonda ‘Hacia un nuevo paradigma a la hora de enfocar el reto global del envejecimiento’, junto con el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno; el secretario general de la ONCE, Rafael de Lorenzo; y la presidenta de la Unión Democrática de Pensionistas, Inmaculada Ruiz Martín, miembros todos de la Plataforma.
Durante su intervención, el presidente de la Plataforma ha insistido en que el problema de la sostenibilidad de las pensiones “no hay que afrontarlo desde el punto de vista de los gastos, sino de los ingresos”. “La media de gasto social en la Unión Europea es mayor de lo que se gasta en España. En nuestro país estamos cinco puntos del PIB por debajo de esa media. Debe fomentarse un crecimiento económico y social que facilite la redistribución de la riqueza en general”, ha añadido.
Así, Ángel Rodríguez Castedo ha insistido en que la generación de ese crecimiento puede lograrse en nuestro país a través de la economía social y de los cuidados. El presidente de la Plataforma ha puesto también en valor el papel de “las mujeres cuidadoras, madres, esposas e hijas, que se sacrifican por el resto de los miembros de la familia, sin cobrar ningún sueldo por ello”.
Según un estudio de Analistas Financieros Internacionales el trabajo de las cuidadoras se valora en cien mil millones de euros. “Podrían crearse entre ochocientos mil y un millón de puestos de trabajo para profesionales del sistema de dependencia. Con ello se aumentaría el consumo y las cotizaciones a la Seguridad Social, de tal forma que se produciría un círculo virtuoso positivo. Necesitamos relanzar la vía de generación de ingresos para poder avanzar en los servicios de bienestar”, ha recalcado Ángel Rodríguez Castedo.
Por su parte, Inmaculada Ruiz ha querido recordar la situación en que viven “las mujeres mayores y, particularmente, las viudas y las bajas pensiones que perciben. Las políticas de igualdad no están bien aplicadas en este ámbito”. Asimismo, ha hecho hincapié en que “es necesario desarrollar los cuidados en el domicilio, pero para ello también hay que erradicar los problemas de barreras arquitectónicas y accesibilidad que siguen produciéndose”.
En este sentido, Luis Cayo Pérez ha recordado que en España “más de dos millones de personas con discapacidad son mayores y además tienen necesidades específicas que les provocan mayores gastos que al resto”. También ha roto una lanza en favor de las nuevas tecnologías, “claves como elementos de apoyo para estas personas”.
Finalmente, Rafael de Lorenzo ha reclamado una “legislación específica de protección de las personas mayores que todavía no existe”. “Necesitamos también una Convención de derechos humanos de las personas mayores. En el ámbito europeo, el desarrollo del pilar de derechos sociales y, al mismo tiempo, fortalecer el movimiento asociativo nacional y generar alianzas que nos ayuden a avanzar mucho más”, ha concluido.
