Anuncia Maján
Que el derecho a la vivienda es universal y reconocido para todos es algo archisabido. No en vano la propia Constitución española vigente lo recoge. Que las dificultades de acceso en la gran mayoría de los casos son enormes es una realidad sangrante. Pero de vez en cuando conviene reflexionar sobre las dificultades añadidas de las personas con discapacidad en su derecho a una vida independiente.
El movimiento Cermi, con motivo del Día Internacional y Europeo de la Discapacidad, ha hecho público su manifiesto, que aborda el derecho a la vivienda para personas con discapacidad.
La principal reclamación se resume en “una vivienda digna y adecuada como derecho fundamental para la vida independiente”, pues es el “soporte vital de la autonomía e independencia de las personas con discapacidad, que tienen derecho a vivir en un domicilio libremente elegido”, con los apoyos necesarios e integradas en la comunidad. La vivienda ha de ser “accesible, asequible e inclusiva”.
En España el 70% del parque de viviendas no cumple las condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad o mayores, a pesar de la legalidad. Para solucionar el problema, Cermi propone una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal que obligue a realizar las necesarias obras de accesibilidad, o la creación de un fondo estatal que pueda financiar la mejora de la accesibilidad del parque de viviendas. También se propone incorporar la accesibilidad como condición de todos los planes públicos de rehabilitación y adecuación de viviendas y entornos urbanos, y que los poderes públicos aseguren una oferta viva, actualizada, transparente y suficiente de viviendas asequibles.
Además, la vivienda ha de ser asequible. Generalmente las personas con discapacidad y su entorno sufren mayor exclusión social. Para evitar la pobreza del colectivo se reclaman nuevas prestaciones públicas en materia de vivienda para personas con discapacidad, o una fiscalidad proactiva para minimizar su esfuerzo en la adquisición de una vivienda; así, se propone, por ejemplo, declarar oficialmente la preferencia absoluta de las personas con discapacidad y sus familias en las políticas, estrategias y programas públicos de vivienda, con trato de grupo prioritario; o considerar y favorecer el estatuto de las entidades no lucrativas de la discapacidad como tenedores sociales de vivienda para solucionar las necesidades habitacionales de las personas con discapacidad.
Finalmente, la inclusividad se plasma en nuevas formas de vida y convivencia que hacen realidad la vida independiente en la comunidad de pertenencia, incorporando el diseño para todos, medidas de accesibilidad universal y ajustes razonables. Para conseguir que una vivienda sea inclusiva se sugieren acciones como “diseñar políticas públicas de vivienda con enfoque de género y derechos de la mujer, que favorezcan el acceso y disfrute de las mujeres con discapacidad”; el impulso de políticas públicas que tengan en cuenta “las necesidades de la juventud con discapacidad”; o desarrollar normativamente nuevas “fórmulas habitacionales”.
Por otro lado, se plantea el despliegue de estrategias de desinstitucionalización, que deben pivotar sobre el presupuesto de disponer de una vivienda, a cuyo fin se han de hibridar las políticas sociales y las de vivienda que prevengan la institucionalización y favorezcan el tránsito a formas de vida inclusiva e independiente, generalizando para ello, por ejemplo, la asistencia personal.
Entre otras medidas deberían impulsarse políticas públicas de vivienda que tengan en cuenta las necesidades de la juventud con discapacidad, asegurándole el derecho a elegir dónde, cómo y con quién vivir, con todos los apoyos que precisen.
En Extremadura se han celebrado diversas actividades con motivo de la Semana Internacional de la Discapacidad, como jornadas de puertas abiertas en Aspace Jaraíz, actuaciones del Coro Caurí de la ONCE, o una marcha en Badajoz bajo el lema ‘Somos extraordinariamente capaces. Hagamos juntos el cambio’. El acto central en la región del Día de la Discapacidad se celebró en el complejo cultural San Francisco de Cáceres, con stands de entidades colaboradoras para difundir sus actuaciones, un circuito de accesibilidad y un acto institucional que contó con la intervención de representantes de la Junta de Extremadura y de Cermi Extremadura.
