El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha dado luz verde a un paquete de medidas con una dotación global de 4,1 millones de euros para reforzar los servicios destinados a personas con discapacidad y trastorno mental grave.

El proyecto contempla, por un lado, la renovación de 30 plazas de atención residencial de rehabilitación en Don Benito, con un presupuesto de 2,13 millones de euros para los próximos dos años. Este recurso supone un paso adelante en la consolidación de la red residencial de salud mental, diseñada como alternativa a la hospitalización prolongada y a la institucionalización de quienes padecen enfermedades psiquiátricas severas.

Por otro lado, el Ejecutivo regional ha aprobado la prórroga del convenio entre el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) y la Fundación para la Promoción y Apoyo a las Personas con Discapacidad (Futuex). La continuidad del acuerdo, con un presupuesto de 2,02 millones de euros hasta octubre de 2029, permitirá dar cobertura a personas con discapacidad que se enfrentan a graves dificultades para integrarse en el entorno social y que se hallan en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión.

Estas medidas se completan con la puesta en marcha de un nuevo decreto dotado con cinco millones de euros destinado a mejorar la accesibilidad tanto en espacios públicos como privados. La norma establece ayudas capaces de cubrir hasta el 80% de la inversión requerida en actuaciones específicas, con un límite de 100.000 euros por proyecto. El objetivo es impulsar la eliminación de barreras físicas, sensoriales y cognitivas, favoreciendo la igualdad de oportunidades para todas las personas.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ya había anunciado durante el último Debate sobre el Estado de la Región un incremento progresivo del 9,5% en el precio por plaza en los servicios para la discapacidad, una medida que, según el Ejecutivo, facilitará una mejora notable en la calidad de la atención y en la oferta de servicios especializados.

En paralelo, este esfuerzo forma parte de una estrategia más amplia que incluye el reconocimiento del grado de discapacidad, el acceso a prestaciones sociales específicas y subvenciones orientadas a la integración social y a la promoción de la autonomía. A esto se añaden programas de formación y empleo dirigidos a la inserción laboral de personas con discapacidad, así como líneas de ayuda para la movilidad eléctrica que también repercuten positivamente en este colectivo.