La delegada de Servicios sociales del Ayuntamiento de Mérida, Catalina Alarcón, ha confirmado que 787 familias se han beneficiado, desde que se abrió el plazo el pasado 15 de mayo, de las ayudas de mínimos vitales, que cubren los gastos de luz, agua, gas y gas butano en su totalidad.

Hasta el momento se han presentado 2.150 solicitudes, de las cuales el 90% han sido resueltas favorablemente. Podrán solicitarse hasta el 15 de noviembre y se pondrán de nuevo en marcha a principios del próximo año. La dotación presupuestaria para este año va a alcanzar los 310.000 euros; de ellos 240.000 euros proceden de la subvención de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, y el resto, 70.000 euros, de fondos propios del Ayuntamiento.

“Estos datos demuestran que Mérida es una de las ciudades que más invierten en esta ayuda, y señalan el compromiso de este Gobierno con las familias más vulnerables ya que aportamos fondos propios a la inversión procedente de la Administración regional”, ha explicado Catalina Alarcón.

“Son ayudas destinadas a sufragar los suministros energéticos básicos relativos a la vivienda habitual, garantizando su cobertura en aquellos casos en los que, por falta o insuficiencia de recursos económicos, los beneficiarios no pueden hacer frente a ello”, ha añadido.

“Estas ayudas han servido para minimizar el impacto económico y social que muchas familias de nuestra ciudad están sufriendo durante esta crisis y que se complementa con otras, como el Fondo de Garantía Social, ayudas de material escolar, ayudas para el alquiler, las nuevas ayudas de contingencias sociales, etc.”, ha concluido.

Para la tramitación, resolución y agilización del procedimiento que conllevan estas ayudas el Ayuntamiento cuenta con una Oficina de Mínimos Vitales compuesta por dos trabajadoras sociales y tres administrativos.

Los solicitantes deben cumplir varios requisitos:

• Ser mayores de edad, huérfanos absolutos o menores emancipados por concesión judicial.
• Residir en algunos de los municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura con una antigüedad de, al menos, seis meses inmediatamente a la fecha de presentación de la solicitud.
• Carecer de renta o ingresos insuficientes. Se procederá a la suma de todos los ingresos netos computables de la unidad de convivencia obtenidos en los tres meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud y se dividirá por tres, considerándose que existen rentas o ingresos suficientes cuando los ingresos netos de la unidad de convivencia sean superiores al 80% del importe mensual fijado en la Ley de presupuestos Generales del Estado del ejercicio correspondiente para el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, referido a 14 pagas, incrementándose en un 8% por cada miembro de la unidad de convivencia.
• En aquella unidades de convivencia en las que haya algún miembro con discapacidad en grado igual o superior al 65% o tuvieran valorada la situación de dependencia se incrementará un 10% por cada miembro de la unidad de convivencia.
• En casos de préstamos hipotecarios o de alquiler sobre la vivienda habitual de residencia del solicitante y de su unidad de convivencia se deducirá un 25% sobre el total de ingresos disponibles en la unidad de convivencia, a fin de determinar la cantidad a imputar como recursos disponibles en el hogar.

Son subvencionables los gastos de energía eléctrica y gas natural; los de agua potable, excepto el alcantarillado y basura; los de alta y reconexión, en caso de interrupción por impago del suministro de energía eléctrica, gas natural y agua potable; y los de gas butano.

La ayuda cubre la totalidad de los conceptos facturados con independencia de su importe y de la fecha de emisión de la factura, siempre que esta no haya sido abonada en su totalidad con anterioridad, con los límites siguientes: 700 euros, hasta dos miembros; 800 euros, entre tres y cuatro miembros; y 900 euros, para cinco miembros.

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